Son muchos los
organismos internacionales que han abierto el debate sobre si debe considerarse
Nicaragua realmente una democracia. Fueron las pasadas elecciones
presidenciales de 2011 aquellas donde las
sospechas de fraude electoral fueron más acusadas entre la opinión
internacional. Sin embargo, antes de concluir precipitadamente cuál es el
régimen político vigente en Nicaragua, debemos analizar los indicadores de los
cuales se sirven los politólogos para distinguir entre regímenes democráticos y
autoritarios.
Podemos afirmar que
Nicaragua ha sido, y sigue siendo, mayoritariamente una democracia desde 1990.
Solo uno de los indicadores utilizados, llamado Freedom House, define al país con el término “democracia parcial”.
Así pues, Nicaragua cumple con muchos de los requisitos que determinan una
democracia, incluso después de la vuelta al poder del líder sandinista Ortega
en 2006.
Concretamente, el
indicador Polity IV y el indicador
creado por Przeworski y otros (D-D Dataset) definen Nicaragua como una
democracia completa a partir de 1990, con la llegada al poder de Barrios de
Chamorro, de signo liberal. Sin embargo, Polity
IV otorga una puntuación menor al régimen democrático (6 sobre 10) entre
1990 y 1994 a causa de la excesiva autoridad del Ejecutivo nicaragüense, que
era superior al ejercido por los grupos a los que debía rendir cuentas. Este
defecto es superado a partir de 1995, ya que se logra la subordinación efectiva
del ejecutivo. Por otro lado, con la vuelta al poder de Ortega en 2006, líder
del partido sandinista, se logra poner fin a las tensiones de los distintos
grupos de interés que competían por la influencia política, alcanzando la
democracia una puntuación de 9 sobre 10.
En cuanto a Freedom House, los resultados son
dispares a los obtenidos mediante el resto de indicadores, ya que es el único que
tiene en cuenta la corrupción. Difiere del indicador Polity IV, ya que el régimen pierde calidad democrática con el paso
de los años. Concretamente, entre 1990 y 1992 el fracaso más significativo
tiene lugar en el ámbito de los derechos civiles, donde resulta imposible la
organización de una sociedad civil que contrarreste el poder del Estado, además
de persistir una débil estructura de derechos humanos. Aun así, la calidad
democrática es relativamente amplia.
Posteriormente, hasta
el año 1995, la proliferación de la corrupción a gran escala y la falta de
control sobre el ejecutivo bajo el nuevo gobierno de Arnoldo Alemán de PLC,
conducen a un gran retroceso en el ámbito de los derechos políticos de la
población. Sin embargo, la baja calidad de los derechos políticos y libertades
civiles se mantiene durante todo el periodo: en 1999 la situación de
inseguridad jurídica es alta a causa del reparto del poder en la Corte Suprema
de Justicia entre el PLC y el FSLN. A partir de este momento se mantienen
ciertos avances políticos gracias al encarcelamiento del ex presidente Alemán,
acusado de malversación de fondos públicos.
A partir de 2007,
coincidiendo con el ascenso del líder sandinista Ortega, tiene lugar un cambio
significativo: el descenso de la calidad democrática en el país hasta 2011. Las
puntuaciones negativas de Freedom House
se deben, entre otras cuestiones, a la reelección de Ortega en las elecciones
de 2011 tras haber ocupado el puesto de presidente con anterioridad,
contradiciendo la Constitución nicaragüense, así como a las sospechas de fraude
del gobierno.
Sin embargo, debemos
tener en cuenta que los avances y retrocesos en la calidad democrática del país
se definen en un marco de “democracia parcial”, que no ha logrado superar los
mínimos necesarios en cuanto a derechos políticos y civiles de la ciudadanía
para ser considerado “democracia”. Podríamos afirmar que la diferencia
sustancial se encuentra en la corrupción sistémica, la impunidad y la
inseguridad jurídica que sufre el país.
Uno de los resultados
del análisis que resulta más contradictorio con la opinión internacional sobre Nicaragua
es el hecho de que Polity IV suscite
que, con la vuelta al poder del FSLN, la calidad democrática en Nicaragua haya
aumentado relativamente. Contrariamente a las acusaciones de observadores
internacionales sobre los rasgos dictatoriales del gobierno de Ortega, muchas
de sus medidas han tenido cabida en el régimen constitucional del país. Por
ejemplo, el decreto de Ortega que permitía a los funcionarios mantenerse en su
puesto en la CSJ y el CSE en 2010 fue legitimado mediante una disposición
constitucional encontrada por el Presidente de la Asamblea General. Por otro
lado, la reelección del presidente Ortega se aprobó mediante una reforma
constitucional en 2014 gracias a la mayoría amplia del partido sandinista en el
Parlamento.
Por tanto, Nicaragua
cumple en gran parte los requisitos mínimos de una democracia, aunque con
ciertas deficiencias. Así pues, por el momento debemos considerar al gobierno
de Ortega como una democracia, siguiendo Polity
IV y el indicador de Przeworski y
otros. Serán los acontecimientos futuros los que determinarán si la calidad
democrática del país se fortalecerá, o más bien al contrario.
Nicaragua: clasificación según 3 indicadores políticos (1990-2014)

Buena discusión y buena pregunta ¿por qué el índice Polity IV mejora mientras que la calificación del régimen emperora a ojos de la opinión internacional? Probablemente lo que explica la categorización de FH no es sólo la corrupción sino también la inseguridad jurídica y el rule of law. Apenas se menciona la DD.
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